En seis meses el Gobierno Nacional pondrá en marcha el portal web para el Estado, integrando en un solo sitio la información básica para la aplicación del decreto Ley Antitrámites 2106 de 2019, firmado por la Función Pública, para agilizar los trámites ciudadanos ante las entidades públicas y privadas que presten servicio a la comunidad.

Por ello, a la administración municipal le corresponderá emprender un trabajo en el ámbito digital, para acondicionar su sistema a la propuesta que busca fortalecer los canales en línea para la atención de los procedimientos y la reducción del uso de papel en las gestiones que se lleven a cabo ante sus diferentes dependencias.

A partir del 2020 se deben ajustar a los lineamientos nacionales los formularios de impuestos, recaudo, declaraciones y licencias, entre otros. No se podrán solicitar copias de cédulas ampliadas al 150 % por cada procedimiento; le corresponderá al gobierno municipal confirmar con la Registraduría Nacional la identificación de quienes adelanten trámites en los despachos.

El decreto establece también que no se necesitarán copias de RUT porque el Estado no puede pedir información que ya tiene. Con esta disposición quienes necesiten solicitar dicho documento por primera vez o actualizarlo no tendrán que ir a una entidad del estado.

Se reducen trámites para contratistas del Estado

Según las nuevas disposiciones, los contratistas del Estado no imprimirán la planilla de afiliación a la seguridad social; serán las entidades públicas quienes verifiquen el pago o no por este concepto, lo que representa un paso menos a la hora de presentar la cuenta de cobro y mayor transparencia. Así mismo, los funcionarios públicos tendrán una sola hoja de vida: si se renuncia a una entidad pública para unirse a otra no tendrán que presentar la hoja de vida con soportes, solo les corresponderá actualizar la información del nuevo trabajo en el Sigep.

También se establece que a partir de la unificación de la información nacional, los conductores no estarán obligados a portar el certificado de la revisión técnico-mecánica, porque se debe crear una base de datos electrónica para este proceso, como ocurre con el SOAT.