Cambios en el cronograma obedecen a solicitudes presentadas por una veeduría
 
Por comunicaciones EPA ESP.
El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Jorge Iván Rengifo Rodríguez, anunció en las últimas horas que solicitará a la Procuraduría General de la Nación su acompañamiento efectivo, con el fin de que se haga una revisión a cada uno de los procedimientos efectuados en el proceso contractual de sumideros, que adelanta la entidad, cuyo cronograma se encuentra suspendido ante observaciones de una veeduría.

La decisión se tomó después de leer una columna de opinión publicada en un diario local, el fin de semana, en donde el autor del escrito hace señalamientos que carecen de veracidad, al igual que se levantan conjeturas temerarias, todas muy lejos de la verdad.

“Somos respetuosos de la libertad de prensa consagrada en la Constitución Política de Colombia, pero no podemos dejar pasar por alto presunciones que ponen en entredicho el buen nombre de la compañía y de sus funcionarios”, indicó el gerente.

En consecuencia, las directivas de la empresa invitarán al ministerio público para que adelante un control preventivo, en este caso, para tranquilidad de la opinión pública, y para que de una vez por todas, se cierre el paso a la especulación, enfatizó Rengifo.

El proceso contractual hace referencia a la “construcción de sumideros en los diferentes lugares de la ciudad de Armenia”, cuyo valor es de 700 millones de pesos. 

Un proceso absolutamente legal
“Es importante destacar que cumpliendo el manual de contratación de la empresa industrial y comercial del estado (Acuerdo 17 de 2015), se publicó el aviso correspondiente al cronograma y las reglas de participación en la cartelera de entidad, con el fin de salvaguardar los principios de igualdad, publicidad y debido proceso. Es decir, que cualquier interesado se podría postular y presentar propuesta, a no ser, eso sí, que se encontrara incurso en inhabilidades o incompatibilidades, claramente establecidas por la Ley".

A su vez, como en todo proceso de contratación, durante el cronograma se tuvieron establecidos términos para la presentación de observaciones. En este caso, el señor Néstor Fabián Herrera Fernández, representante legal de la Veeduría Ciudadana “En Defensa de la Gente”, quien ha sido un actor activo en el proceso (solicitó copias de la documentación aportada por los proponentes) a través de varios oficios, ha expresado observaciones que han sido atendidas oportunamente.

En los últimos días fue recibida una observación por parte de un particular, lo que obligó a la entidad a realizar la verificación de la documentación entregada por uno de los proponentes.  Esto hizo que el proceso fuera suspendido entre tanto se verifique la información y se le dé traslado al proponente para que ejerza su derecho a la legítima defensa y controversia.

Frente a los proponentes, ocho (8) en total, incluidos los señores José Hernán Ortiz Carreño y Olga Cecilia Sánchez, mencionados en la columna de opinión, debe quedar claro que ellos no fueron invitados por la entidad a participar en el proceso, sino que se supone, que acudiendo al mecanismo de información ya explicado (carteleras), tomaron la decisión de postularse.

Rengifo sostuvo que todas las decisiones tomadas están amparadas en la ley, además que se aplicaron correctamente, como: la subsanabilidad (parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007); la suspensión del proceso, ante las frecuentes observaciones del veedor, y las atribuciones para la toma de decisiones en materia selección de las propuestas, entre otras.

“Debe quedar claro que si bien el alcalde de la ciudad es el Presidente de la Junta Directiva de EPA, no tiene ninguna potestad para adjudicar, orientar o intervenir en la adjudicación de contratos. Al igual que la abogada Lina María Salazar Campuzano, quien tampoco tiene dentro de sus funciones alguna relacionada con la toma de decisiones o modificaciones frente al proceso en cuestión”, hizo claridad el gerente de EPA. 

Todas las necesidades de la empresa deben ser llevadas a la Junta Directiva, cuyos integrantes son los que toman las decisiones finales, frente a la materialización de las prioridades que garanticen la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de la capital quindiana, puntualizó.