* Durante la última reunión se contó con la presencia del alcalde electo y su equipo social de empalme
Armenia fue certificada con una calificación ejemplar por la Unidad de Víctimas a nivel nacional, por contribuir al goce efectivo de los derechos de esta población, informó la secretaria encargada de Desarrollo Social, Daniela Alvis, durante la última reunión de la vigencia 2019 del Comité Municipal de Justicia Transicional presidio por el alcalde designado Oscar Castellanos Tabares, con la presencia como invitados del alcalde electo José Manuel Ríos Morales y su equipo de empalme en temas sociales.
“Hemos trabajado de manera muy abierta con el deseo de facilitar un avance importante en la creación de políticas en favor de la población víctima” dijo el alcalde designado. De acuerdo con el balance entregado, la administración municipal durante la presente vigencia logró la estructuración de la Política Pública de Víctimas, definió el plan de contingencia para atender a más de 50 personas (10 familias) en caso de llegada masiva de desplazados por la violencia y elaboró el Plan Integral de Atención y Protección.
En Armenia, de acuerdo con cifras reveladas por la Unidad Nacional de Víctimas, se realizaron 25.974 giros con una inversión aproximada de $15.000 millones y se indemnizaron 2.780 personas con recursos por valor de $21.000 millones.
La funcionaria recogió las inquietudes de los participantes en el comité y la mesa municipal para continuar en el próximo gobierno con el apoyo a los proyectos productivos para las víctimas. Recomendó conformar un equipo profesional, que tenga continuidad, para avanzar en el proceso de caracterización de esta población en la capital del Quindío.
Además, transmitió la inquietud de los residentes en los planes de vivienda gratuitos Villa Esperanza y Jardín de La Fachada para que se dé seguimiento al plan de legalización de estos sectores y recordó que en el caso de reubicación de las víctimas que llegan a esta ciudad se debe contar con el acompañamiento de los organismos de seguridad.
Finalmente, el comité validó el principio de seguridad pública a través del cual la Policía Nacional y el Ejército reportaron que no existen en el Municipio acciones que atenten contra el derecho humanitario, ni la presencia de grupos al margen de la ley. Así mismo, en esta jurisdicción no se reporta explotación ilícita de yacimientos mineros y es viable el principio de seguridad para que las víctimas se establezcan en el territorio.